Guatemala, la revolución burguesa sin burguesía, Edelberto Torres-Rivas

Fragmento del capítulo II de Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la crisis en Centroamérica.

El desafío más avanzado al orden oligárquico ocurrió en el país socialmente más atrasado de la región, el del Estado nacional menos nacional: Guatemala. La crisis del liberalismo histórico, expresión de la hege­monía oligárquica en Centroamérica, se planteó en este país por medio de una salida revolucionaria. Con la renuncia del general Ubico en junio de 1944, y la de­rrota militar de su heredero, el general Ponce Vaides a través de una insurrección cívico-militar en octubre de ese año y posterior elección, del primer presidente ci­vil electo democráticamente el Dr. Juan José Arévalo, ocu­rrió un cambio en la élite gobernante. El cambio ha­cia un régimen democrático se apoyó en la más am­plia participación popular; el voto universal afirma­do por un sistema de partidos políticos que llevó al gobierno una nueva constelación social dirigida por la pequeña burguesía urbana.[1] En menos de un semes­tre, Ubico fue sustituido por Arévalo, sin embargo, una década después el desafío terminó con la sustitu­ción en el poder de Arbenz por Castillo Armas. El sig­nificado de este cambio ha sido objeto de las más variadas interpretaciones.

La importancia de lo logrado en el proceso, la de­mocracia electoral, amplia organización social, li­bertades políticas, atención a la educación y a la salud pú­blica, autonomía municipal y otros logros, se valoran más por la naturaleza del atrasado escenario nacional en que surgen.[2] Lo importante de ese trayecto histórico fue la radicalización del proceso que con Arbenz plan­teó el primer desafío estructural, la modificación de las relaciones de trabajo en el agro y un limitado cam­bio en la tradicional tenencia de la tierra. La de­mocracia es el primer logro importante y sin duda an­tecedente necesario de la reforma agraria que resulta más difícil de explicar, porque constituyó el inicio de una revolución social. Esta, fue una contingencia histórica en una sociedad donde todavía había relaciones pre­capitalistas de trabajo y el código civil regía las rela­ciones laborales. El precapitalismo bloqueando el de­sarrollo.

Son numerosos los analistas que califican esta ex­periencia como una revolución, pero pocos son los que como S. Tischler la justifican con razones fundadas. Así, la insurrección del 20 de octubre de 1944 que trans­currió en una noche casi incruenta, al presentarla co­mo una derrota del viejo ejército, le permite afirmar que ahí se “ha quebrado la armazón del Estado liberal oli­gárquico” y que un nuevo Estado, democrático, em­pieza a surgir [Tischler, 1998: 266 y ss.]. La crisis y fuga del dictador liberal, la constitución de un nuevo go­bierno y un cambio de régimen político le lleva a afir­mar que se trata de la bancarrota de una vieja for­ma estatal que da paso a un cambio profundo en la sociedad guatemalteca.

Hay cierto atropello a la sindéresis al afirmar que la victoria electoral de la amplia alianza antidictatorial, en diciembre de 1944, fue otra forma de derrota his­tórica del liberalismo a manos de “una fuerza nacional nueva de la que brotaba el empuje y la legitimidad de la revolución” [Tischler, 1998: 275].[3] Solo la magnitud del atraso social, cultural, político autoriza, en una com­paración hacia adentro, a calificar estos cambios co­mo revolucionarios. Hacia fuera esto fue como po­nerse al día, poner en su lugar histórico las manijas del reloj.[4]

Lo que ocurrió en Guatemala a partir de 1944 al­canzó una enorme significación antioligárquica en to­da la región porque implementó cambios que la sub­jetividad conservadora apreció como radicales aunque sólo fueron, en rigor, rectificaciones vividas co­mo la negación del pasado en el plano de las formas jurídicas, de las relaciones políticas y culturales, es decir, en dimensiones más que simbólico culturales de la sociedad. ¿Qué importa más para calificar un pro­ceso de cambio? Las revoluciones se reconocen más en los cambios que introducen en el Estado y su ca­pacidad de imponer transformaciones sociales y cul­turales, que en su prosopopeya oratoria.

La amplia coalición democrática dirigida por la pe­queña y mediana burguesía triunfante, se fue ero­sionando paulatina pero irreversiblemente entre 1945 y 1952; algunos grupos de ella fueron incapaces de en­tender el ánimo reformista que significaban las re­laciones laborales modernas y el sindicalismo libre, la organización partidaria, el ejercicio libre de los de­rechos políticos, la tierra arrendada sin aparcería. Im­portantes sectores de la pequeña burguesía y otros gru­pos medios se pasaron al campo de la reacción oli­gárquica, estimulados por el clima envenenado de la Guerra Fría; sin ser antidemocráticos se volvieron anticomunistas, para terminar siendo contrarrevo­lucionarios. Este recorrido comprobó que las clases medias en su actuación política se escinden y como en todas partes sólo un sector puede protagonizar cam­bios revolucionarios.

Ya no sólo para las clases medias, sino para el conjunto de intereses oligárquicos, la prueba conside­rable de la voluntad de cambio fue la cuestión de la tie­rra donde los campesinos son los importantes. La ideo­logía modernizadora que animó a los intelectuales radicales se trasladó a sectores de trabajadores y artesa­nos urbanos, a diversas capas campesinas y otros gru­pos pobres, dominados. El apoyo campesino fue co­brando fuerza política cuando el gobierno arbencis­ta pro­mulgó la reforma agraria y abrió las expectativas de recibir la tierra. La ley se proponía la modernización ca­pitalista de la agricultura para dar paso al desarrollo in­dependiente, con un proyecto nacional-popular de fuerte carga antimperialista. La ley agraria prohibió las relaciones precapitalistas de trabajo en el agro, em­pezó a expropiar la tierra ociosa de quienes tenían en exceso y pagó su valor conforme la declaración fis­cal de la fecha.[5]

Estas medidas y el clima que creó la organización cam­pesina fueron como puñaladas directas al plexo vivo de los intereses y la cultura de la burguesía oligár­quica. Menos que sus intereses materiales fue su ideo­logía, su manera de vivir la historia, la cultura colonial con la que explotaron a los campesinos-indígenas lo que se agravió tan directamente. Expropiar la tierra, en rigor, no sólo puso a prueba la calidad colonial y oli­gárquica de los intereses dominantes sino su misma con­dición burguesa. Desencadenó con furia todas las fuerzas sociales, políticas y culturales con un hondo sen­timiento de clase. Con la expropiación de la United Fruit Company, el más grande terrateniente nacional se golpearon los intereses norteamericanos. No fue ca­sual el amplio frente social que surgió en la oposición y que la alta dirigencia de la Iglesia católica se pusiera al frente de la ofensiva de la derecha.[6]

La derrota del proyecto nacional-popular en 1954 ocu­rrió en el inicio de la Guerra Fría. Para esas fechas las fuerzas políticas que formaron el amplio frente antiubiquista se habían dividido en torno a una estra­tegia radical. En 1944 tuvo una amplia conformación multiclasista y dirección burguesa, pero se fue redu­ciendo paulatinamente y el sector más reaccionario, ya disminuido en 1952, perdió las elecciones frente a Arbenz. Hasta aquí habían jugado a ganar con métodos li­berales por el amplio respaldo que ganaban con el apoyo de la iglesia y la prédica contra el comunismo.

El frente arbencista con la dirección de tres par­tidos incluido el Partido Guatemalteco del Trabajo (pgt, comunista), conformaron una pequeña elite ra­dical de clase media que organizó sindicatos y ligas cam­pesinas y ganó así nuevo apoyo popular. Fue una di­námica socialmente polarizada, pues a medida que se pasaban al campo contrarrevolucionario la mediana y baja burguesía, aumentaba la presencia organizada de las clases subalternas (campesinos, obreros y artesa­nos, gente con y sin oficio y bajas clases medias). Hay que admitir que la proclama anticomunista unificó a ti­rios y troyanos, ricos y pobres, campesinos y finqueros, que ganaron más voz que voto y que conformaron un frente contrarrevolucionario mayoritario.[7]

La radicalización del proceso se debió en parte a la fuerza ideológica, la influencia desproporcionada del pgt y la receptividad del presidente Arbenz. Las fuer­zas antiarbencistas adquirieron desconocido vigor por motivos propios de esta cultura política “finquera”, y los reclamos religiosos permitieron a la oligarquía bur­guesa parapetarse tras la Iglesia católica, moviliza­da po­líticamente por la acción de su alta jerarquía.[8] La política norteamericana multiforme, cobró presencia mor­tal utilizando la alta oficialidad del ejército, que al traicionar a Arbenz ratificó su inequívoca lealtad a la oligarquía. La Revolución de Octubre en la etapa en que iniciaba su definición como una revolución de­mocrático-burguesa terminó sin poder defenderse, co­mo un desastre político. El 27 de junio de 1954 el co­ronel Arbenz anunció su renuncia abruptamente, de­nunciando el complot de la cia por intermedio del em­bajador Peurifoy; a su renuncia siguieron sucesivos cam­bios ente los altos oficiales del ejército que termi­naron por nombrar a Castillo Armas como jefe de Estado. Los actores del movimiento popular revolu­cionario no pudieron pelear; la renuncia de Arbenz tomó por sorpresa a todos.[9]

Pese a su fracaso que se califica como total, la ofen­siva antioligárquica dejó lecciones, terminando con las ilusiones acerca de las clases y la correlación de fuerzas populares, con la lección de que no es posi­ble ir más allá de los límites que los escenarios estable­cen al margen de la voluntad de los actores; nunca como en ese momento fue cierto que la historia la ha­cen los hombres pero en un escenario que ellos no se­ñalan. Una porción de tales límites la establece el he­cho que ni la economía, ni la sociedad ni el Estado en Guatemala (Centroamérica) eran esencialmente capitalistas. La esencia contradictoria establece que pa­ra construir el capitalismo ya tendría que haber em­pezado a ser capitalista, lo que en este lenguaje im­plica que el capital como relación social de produc­ción no era aún dominante y que en consecuencia lo bur­gués tampoco calificaba las relaciones de poder.

La derrota del proyecto democrático-burgués, en con­secuencia, ocurrió no porque no había industriales con intereses propios y un proletariado fuerte forjado en luchas clasistas. Fue la estructura agraria, la finca y las relaciones precapitalistas las que lo impidieron; la industrialización, la democracia liberal llegaron décadas después al precio del horror de la contrain­surgencia.

Sin embargo, pese a la calidad de la derrota popular no se produjo una abierta restauración del pasado li­beral-oligárquico en su expresión más negativa, un re­greso al ubiquismo. Varios rasgos del cambio refor­mista se mantuvieron, a tono cómo se operaba de ma­nera coetánea en el resto de Centroamérica. La comparación es muy relativa porque en Nicaragua o El Salvador las iniciativas modernizadoras en lo eco­nómico no estuvieron tan cargadas de represión polí­tica como en Guatemala, por la simple razón que en este país esas iniciativas ocurrieron en el escenario contrarrevolucionario del antiarbencismo. Las raíces de la nueva crisis revolucionaria se encuentran ahí y en algunos datos como los siguientes.

El gobierno de Ydígoras Fuentes (1958-63), el pri­mero electo sin fraude por las fuerzas anticomunistas es un buen ejemplo de inconsistencias sustantivas: ini­cio del boom económico, fracturas de la clase domi­nante y extensa agitación social. Ambidiestro, con la mano derecha intentó superar las rivalidades entre las facciones de la “familia” oligárquica (1962); a tra­vés de una oferta política, el programa de Reconciliación Nacional, ofreció a la nación una época sin litigios. Y con la izquierda, abre el juego para que participen al­gunos sectores democráticos excluidos.[10] No ha sido valorado suficientemente el carácter de este mo­mento calificado como un proyecto de democracia-de-la-de­recha. Muchos exilados arbencistas volvieron, empe­zaron a organizarse sindicatos y organizaciones sociales y lo más importante fue la convocatoria a elecciones presidenciales, que permitieron, entre otras me­didas, la inscripción de la candidatura del Dr. Juan José Arévalo, indiscutiblemente ganador de haberse cele­brado. La acción militar lo impidió y se desperdició así la oportunidad de democratizar, bajo nuevos signos, al país.

El golpe militar de marzo de 1963 constituyó una prue­ba más de la incapacidad democrática de las frac­ciones duras de la burguesía y el ejército. Fue una me­dida política orquestada por el ejército que como ins­titución decidió sustituir al viejo general Ydígoras, ve­leidoso en su juego democratizante, por el ministro de Guerra, el coronel Enrique Peralta Azurdia. Este gol­pe militar tuvo efectos profundos en el destino de la sociedad guatemalteca. De nuevo unas preguntas sin respuesta: ¿qué hubiese sucedido si en las elecciones de diciembre de 1963 hubiese triunfado Arévalo? ¿Se ha­bría evitado la matanza de 36 años? El golpe fue el punto de partida de un proceso que condujo 18 me­ses después al inicio del “conflicto armado interno”.

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[1]. El voto se proclama como una obligación para todos, pero se­creto para los hombres alfabetos, público para los hombres analfabetos y optativo para las mujeres alfabetas.

[2]. Por ejemplo, el Código de Trabajo se promulgó en 1943 en Costa Rica y en 1949 en Nicaragua, considerado éste como el más avanzado de América Latina; Gould [1985] informa que en ese momento Somoza intenta tener un corte populista ins­­pirado en el peronismo.

[3]. Se trata de unos cambios que contrastan con el pasado dic­tatorial, cerrado y asfixiante de la vida social. En función del atraso lo que ocurrió en Guatemala no fue un milagro po­lítico sino un intento revolucionario que se frustra antes de cobrar vida. Sin duda, el país no volvió al ubiquismo liberal, pe­ro la oligarquía y sus formas de dominio sobrevivieron aún treinta años más.

[4]. De hecho, nadie discute que aquella fue una revolución. Por ejemplo, los valiosos trabajos de Alfredo Guerra Borges [1988], y los trabajos contenidos en los dos tomos recopilados por Eduardo Velásquez Carrera [1994].

[5]. Un documentado análisis del gobierno de Arbenz y de su vo­luntad reformista aparece en Piero Gleijeses, La esperanza rota: la revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954.

[6]. En la historia política de Centroamérica, a partir del clima que estimuló la Guerra Fría, no puede dejar de mencionarse co­mo un influyente fenómeno el movimiento y la ideología an­ticomunista. El anticomunismo se convirtió en Guatemala en sinónimo de antiarbencismo y contrario a toda medida de­mocrática.

[7]. La oposición de centro-derecha triunfó siempre en la ca­pital, donde eligió alcaldes y alcanzó a tener unos 12 diputados en el Congreso, llamados “los doce apóstoles”; obviamente, no fue en el terreno electoral donde jugaron a ganar.

[8]. Por ejemplo, el traslado de unas monjas que venían pres­tando un servicio público –la Casa del Niño– a otro sitio de trabajo fue considerado como un acto irreligioso, que “reventó” los sentimientos católicos en el ámbito político.

[9]. La intervención norteamericana ha merecido numerosos es­tudios, entre ellos: José M. Aviar de Soto, Dependency and In­tervention...; Richard H. Immerman, The cia in Guatemala...; Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, Bitter Fruit...; y espe­cialmente el trabajo de Piero Gleijeses, La esperanza rota...

[10]. La figura y la actuación de Ydígoras Fuentes es esencialmente con­tradictoria; fue partidario entusiasta de la Alianza para el Progreso, tomó parte activa en la política anticubana de Es­tados Unidos, dio apoyo pleno a los primeros pasos del pro­yecto de integración centroamericana. Una relación puntual de su papel en la historia de Guatemala aparece en el libro de Ro­land H. Ebel, Misunderstood Caudilloo..., especialmente pág. 299 y siguientes.