“Se renunció al impuesto a las telefónicas a cambio de aportes a la campaña de Sandra Torres”, Entrevista con Juan Alberto Fuentes Knight, por Enrique Naveda

26 de agosto de 2011
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El próximo 1 de septiembre de 2011 F&G Editores pu­blicará Rendición de cuentas, un libro en el que el ex­mi­­nistro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight des­cribe su paso por el gobierno. Y lo que vio. En esta entrevista ofrece algunos adelantos.

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Hay, han de saber, dos formas de leer este libro (porque hoy vamos a hablar de un libro que habla de un go­bierno).

Una que busca la explicación larga, sistemática, jus­tificada y dura de la lógica reformista y las vicisitudes que guiaron dos años y medio de trabajo dentro del úni­co ministerio que es presionado no sólo por el Con­greso, el Organismo Judicial, y el sector privado, sino también por el mismo Gabinete de Gobierno: el Mi­nisterio de Finanzas Públicas, el encargado del Te­soro Público.

La otra es una lectura más descoyuntada, menos académica, quizá un poco morbosa y ciertamente pe­riodística. Algo anecdótica, si se quiere, si no fuera por su importancia para comprender la realpoli­tik guatemalteca. Para desmantelar mitos y discursos con­sabidos, para develar hipocresías, para mostrar que entretelones mucho de lo que sucede es una gran far­sa o un gran negocio.

Ambas lecturas se combinan.

El hilo conductor del libro es el empeño del Mi­nisterio de Finanzas de llevar a cabo una reforma fis­cal con propuestas cada vez más degradadas. “El es­píritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura so­cial, los logros que su política formule, todo esto y más está escrito en su historia fiscal, desnudada de cual­quier adorno. Aquel que sabe cómo escuchar aquí su mensaje puede discernir el trueno de la historia mun­­dial más claramente que en cualquier otro lugar”, se cita en el libro.

Pero no describe, desnudada de cualquier adorno, la estructura fiscal. Las intrigas, los sabotajes internos del Gobierno (las amenazas serias), las insinua­das trampas que como pequeñas conspiraciones urden en el Congreso diputados que en lo público se muestran an­tagónicos, la corrupción del sector público y del sec­tor privado, sus conflictos de interés, los ingeniosos frau­des, el esfuerzo, la incompetencia, la prensa, el G-8, Sandra Torres, Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, Co­lom, Alejandro Sinibaldi, Roxanna Baldetti, la es­tafa de mdf y Efraín Bámaca de fondo en las nego­ciaciones, todo ello son los personajes, el decorado, la escenificación circunstancial de la tragicomedia.

Juan Alberto Fuentes Knight, el primer y más du­radero ministro de Finanzas de la administración de Álvaro Colom, publicará este libro, dice, tratando de dejar “quizás una especie de legado, de hacer ren­dición de cuentas personal”.

Y el libro tiene tanto de rendición de cuentas (el de­bate razonado de por qué decidió lo que decidió y la justificación de lo que él ve como sus errores) cuanto de ajuste de cuentas político e intelectual.

Se nota en lo que ya se ha dicho pero también en su aire travieso y lúdico, en la maldad académica con la que emplea las citas que encabezan cada sección del libro: citas de liberales clásicos (Adam Smith, por ejem­plo) para destruir los argumentos pseudoliberales de los intelectuales orgánicos; citas de las novelas his­tóricas de Francisco Pérez de Antón para dejar en evi­dencia a los dirigentes empresariales del país; ci­tas de Álvaro Uribe para justificar los tributos, citas de Var­gas Llosa, citas devastadoramente descriptivas del Con­greso.

Alguien le ha dicho que todos los ministros de­berían hacer lo mismo, cada uno en su ámbito: explicarle a la gente cómo es estar en el gobierno y, en su caso es­pecífico, cómo se trata de implementar la política fis­cal. Por eso lo ha escrito, dice, pero también con la idea de que esto no es sólo política fiscal: la política fis­cal tiene la capacidad de reflejar mucho lo que pasa en una sociedad: la estrategia de desarrollo de un país, sus prioridades, su esqueleto.

¿Y qué refleja la política fiscal?

La política fiscal refleja, dice, “que estamos en una situación desfavorable como país, refleja ciertas re­laciones de poder: un poder de veto que ejerce el sec­tor privado –normalmente muy intransigente en lo que se refiere a la política fiscal–, el predominio de una ideología muy conservadora que es contraria a un protagonismo del Estado a favor del desarrollo, y que también se manifiesta en comportamientos de una clase política muy débil”.

La ideología del sector privado

Cuando dice que hay una ideología conservadora contraria al de­sarrollo, ¿cree que existe una voluntad contraria al desarrollo o una confusión con respecto a cómo lograrlo?

No. Existe una ideología, una manera de pensar, que es dominante. Esa no le atribuye al Estado la po­sibilidad de impulsar de una manera decidida el de­sarrollo. Y a veces también tiene un tremendo temor de ese Estado, porque lo ve como el Leviatán que va a dominar a todos. Y al tener esa visión, le impide de­sempeñar su papel. Es un poco la ideología del Es­tado mínimo, del Estado... uno podría llamarlo neo­liberal. Y creo que eso sí explica en parte lo que ha ocurrido.

Ese sector privado con un poder de veto enorme y férreamente opuesto a las reformas fiscales que usted menciona, ¿actúa siem­pre de la misma manera o hay ciertas circunstancias bajo las que opera de otra forma y con mayor apertura?

Bueno, no es un sector privado homogéneo. Tiene dis­tintas fracciones, desde las más tradicionales, vin­culadas a la agricultura, hasta otras bastante tradicio­nales, vinculadas a la industria, y luego quizás sectores un poco más modernos, vinculados a las exportaciones no tradicionales o a los servicios. Esa misma condición eco­nómica incide en la manera de pensar. Hay unos que están en sectores más dinámicos, más modernos, más vinculados con el resto del mundo y eso conduce a visiones más abiertas. El problema creo que se da en que cuesta mucho articular una posición conjunta po­sitiva en varios temas. Y ahí el tema fiscal lo ilustra. El sector privado, y en particular el Cacif, tiene una gran capacidad para declararse totalmente en contra de iniciativas, pero tiene una tremenda dificultad para declararse a favor de una iniciativa, aunque sea una bas­tante modesta y moderada. Esto lo vimos porque im­pulsamos distintos tipos de iniciativas, lo discutimos con ellos, lo negociamos... En algunos casos había una oposición bastante frontal de todos. Por ejemplo el tema de ponerle un impuesto a los dividendos. Pero lue­go teníamos otros temas como lo que se refiere a antievasión, o la administración tributaria o el comba­te al contrabando. A veces había declaraciones a favor de que se hicieran cosas, pero en la práctica teníamos a unos que estaban a favor y a otros que se ponían en contra.

Por ejemplo llegamos a un acuerdo con ellos en re­lación a Antievasión ii, pero luego fue muy difícil que se pronunciaran de manera explícita a favor de esa iniciativa, lo cual hubiera ayudado mucho a que ca­minara en el Congreso.

Esa idea de los dividendos está destacada en el libro con un de­jo de sorpresa, como que no se lo esperaba y descubrió al lle­gar al ministerio que la oposición no era tanto a ciertos ni­veles impositivos cuanto al gravamen sobre los dividendos.

Tal vez estar totalmente sorprendido no, porque sí es una fuente importante de ingresos. Quizá lo que sí me llamó la atención fue lo fuerte de la oposición, to­mando en cuenta experiencias de otros países. Como Chi­le, donde se aplica. Reflejaba a final de cuentas la po­ca voluntad de aportar algo, aunque fuera pequeño. Se estaba proponiendo entre un 5 y un 10% de los dividendos. En ese sentido, quizá no fue una gran sor­presa, sino más bien el cumplimiento de un pre­sentimiento que no hubiera querido ver cumplido.

¿Por qué el Cacif no hizo fuerza para que se aplicaran las ta­rifas técnicas de importación de vehículos y permitió que se si­guiera utilizando el método que privilegia el fraude con facturas falsas?

Incidió la posición de los importadores de vehículos nue­vos, que no querían que aumentara aunque fuera le­vemente lo que ellos tenían que pagar, lo cual condujo a que su oposición se sumara a la oposición de diputa­dos que favorecían el uso de facturas falsas. Al final de cuentas, fue una demostración de miopía y de que las exigencias públicas que a menudo hacen represen­tantes del sector privado que se debe combatir el contrabando y la evasión se quedan sólo en generalida­des, pero cuando ya se trata de aterrizarlas ya no les gustan.

¿Pero qué peculiaridades tiene el sector privado acá que lo hace tan reacio a las reformas?

Yo creo que tiene un origen colonial muy especial. El hecho de que basó su desarrollo originalmente en apro­vechar mano de obra en condiciones casi de es­clavitud, en condiciones de un claro racismo, de un país desintegrado; el propio origen de los conquistadores y el conquistador principal que tuvimos, que fue Pedro de Alvarado... Creo que todos marcan como un inicio bas­tante conservador, poco acostumbrados al diálogo, y con una tradición de imposición.

Y eso cristalizó en una Constitución restrictiva...

Claro, claro.

Usted cita al Banco Interamericano de Desarrollo: “El sector em­presarial influye en la formulación de políticas en toda Amé­rica Latina, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala”. ¿Qué parte de la responsabilidad de que el país esté como está debe asignársele a ellos?

A lo largo de la historia han sido determinantes en relación a las políticas que se han impulsado en Gua­temala. En el libro se explica cómo fueron de­terminantes, en ocasiones con éxito y a veces no, en re­lación a lo que el gobierno propuso durante el pe­ríodo en que fui ministro.

El sector privado suele escandalizarse por los conflictos de in­tereses que se dan en el seno del gobierno y entre los diputados, pero en el libro habla de cómo el Cacif y la Cámara de Cons­trucción intentaron colarse en el consejo de dirección de la agen­cia que debía evaluar proyectos de alianzas público privadas. ¿Es habitual el conflicto de interés y el tráfico de influencias de parte del sector privado organizado? ¿Por qué vías?

Tanto el Cacif como la Cámara de la Construcción que­daron dentro del consejo de la agencia responsable del impulso de alianzas público privadas, que estarán cen­tradas en proyectos de infraestructura. Es común que el sector privado realice acciones de cabildeo que se reflejan en cambios de leyes o en la oposición a cier­tas leyes, pero en este caso, estar presente en la jun­ta directiva que decidirá qué empresas participarán en proyectos garantizados por el Estado los coloca en la posición de poder defender a determinadas empre­sas de las cuales ellos, familiares o amigos son socios. Es una invitación a la corrupción o al tráfico de in­fluencias. Hace muy difícil que exista una evaluación ob­jetiva de cada proyecto y de las empresas que estarán par­ticipando en el proceso.

Reforma fiscal y transformación social

Hay varias ideas llamativas que Edelberto Torres-Rivas ade­lanta en el prólogo. La primera de ellas, que su lucha por la reforma fue un combate contra la historia. ¿La ganó o la perdió?

Esa lucha no se ha ganado ni perdido todavía. Creo que es una lucha larga y precisamente uno de los objetivos del libro es contribuir a esa lucha. Es una lucha prolongada. Sí, reconozco que no avancé lo que hubiera querido avanzar, y en particular no lo­gramos avanzar con la implementación de esto que se llamaba la reforma integral. Ahora, creo que pusimos en la agenda el tema claramente. Quedaron iniciativas de ley ya hechas con base en el espíritu del Grupo Pro­motor de Diálogo Fiscal. Eso ahora se está reto­mando. En ese sentido se avanzó como país al reconocer la importancia de este tema y yo esperaría que el tra­bajo que hicimos en el Ministerio haya contribuido como base.

¿Se llegó a presentar una iniciativa de ley para la reforma integral?

No, nosotros se la dimos al secretario general de la presidencia. Pero ahí por lo que explico en el libro, el presidente decidió que no se presentara al Congreso. Se presentó sólo una parte, la correspondiente a la tri­butación indirecta, que después se convirtió en An­tievasión ii. De todos modos esa primera parte, la del impuesto sobre la renta, sí pasó por un proceso bas­tante amplio de discusión, con organizaciones so­ciales, diputados y el sector privado. En ese sentido con­sidero que avanzamos algo, pero no suficiente. Le­jos de suficiente.

Otra idea que expone Edelberto Torres-Rivas es que en estos momentos la reforma fiscal es más importante, más revolucionaria, que una reforma agraria.

Ha habido tres temas que en Guatemala han sido muy polémicos. Han sido la reforma agraria, el papel del ejército y la reforma tributaria. Y creo que sí en el momento actual ha ido quedando claro el papel del ejér­cito (no es que haya consenso pero no es un tema tan polémico como el fiscal). La reforma agraria quedó atrás el momento en que debería haber sido imple­mentada.

¿Por qué?

Porque la actividad económica se ha ido desplazan­do a otros sectores y ya no tiene la misma importancia como centro del poder económico y político del país.

¿Dónde está ahora ese centro?

En lo fiscal.

Y en...

En la capacidad del Estado de impulsar el desarrollo, incluyendo el desarrollo rural.

Eso de parte del Estado, pero si nos vamos a... ¿Sería los ban­cos?

No, está bastante más diversificada la economía gua­temalteca. El sector servicios, la industria... El sec­tor agrícola es cierto que todavía tiene la mayor pro­porción de personas que trabajan ahí, pero aunque se distribuyera toda la tierra entre esas personas ya no alcanzaría. Entonces, sin que deje de justificarse al­guna redistribución de tierra ya no es algo tan im­portante como antes en el sentido de que antes podía ser un aporte decisivo para el desarrollo del país.

O sea, ¿la reforma tributaria sería la reforma principal para ase­gurar la redistribución de poder?

Para asegurar el poder del Estado de impulsar el de­sarrollo. Y eso pasa por tener una mayor autonomía fren­te al sector privado u otros, y para redistribuir tam­bién.

¿Por qué creen que no basta con combatir la evasión y ampliar la base tributaria?

No basta combatirla con acciones en aduanas o con­trol de los evasores sin modificaciones de la ley. Las propuestas que impulsamos durante mi período de gestión como ministro, tanto en relación a impues­tos como el iva como al impuesto sobre la renta, in­cluían numerosas normas para combatir la evasión y el contrabando, e iban desde sanciones más fuertes a ser aplicadas en las aduanas hasta la obligación de re­portar los costos reales de las empresas y los gas­tos verdaderos de los individuos, con el fin de no re­ducir lo que reportaban como ventas, ganancias o in­gresos. Esto puede generar ingresos tributarios fuer­tes pero de manera gradual; elevar tasas, como las aplicables a la circulación de vehículos, puede te­ner un efecto más inmediato.

Algo que está en el libro, insinuado o esbozado, pero no ana­lizado, es toda esta idea de la nueva correlación de fuerzas que se hace obvia con el Gobierno de Alfonso Portillo. Por ahí se ha­bla de los cooperativistas, de Gustavo Alejos y Carlos Meany den­tro del gobierno. ¿Cómo pudo ver desde dentro del ministerio esa nueva correlación, si es que considera que existe tal?

No, yo creo que sí hay una diversificación de los sec­tores privados. Productivos, más que privados, por­que ahí se incluye sectores como los cooperativistas, que se han fortalecido muchísimo y que incluso, bueno, en el Gobierno, como menciono en el libro, había una rela­ción especial con el sector cooperativista en gene­ral. Positiva. Hay esa diversificación, pero volvemos al tema ideológico. Creo que sigue predominando en ese sentido el sector privado más tradicional. Eso es muy diferente a El Salvador. Allí por ejemplo se desa­rrolló un sector financiero que tuvo la capacidad de imponerse a los demás y de imponerles su propio pro­yecto. Un nuevo sector que aglutinó y movió al país en otro sentido. Incluso en el sentido de apoyar a Arena. En Guatemala no ha surgido ningún otro sec­tor con esa capacidad de cuestionar o desplazar a los sectores más tradicionales. Entonces a pesar de to­da esta diversificación, sigue predominando esa vi­sión y ese sector.

¿En parte porque los tradicionales se han sabido diversificar y entrar en esos sectores pujantes como el financiero?

Sí, en parte. Ahora, creo que hay otro sector que es­tá surgiendo ahí, que es el sector... llamémoslo “ma­fioso”, “gangsteril”, a veces vinculado con el narco, y que a veces también se vincula con la actividad po­lítica, que sí está generando mucho temor dentro del sector privado –del otro sector privado– y que yo creo que conduce a lo fundamental ahora, que es la seguri­dad. Y la seguridad como un tema que requiere un for­talecimiento del Estado, que a su vez conduce a la ne­cesidad de una reforma fiscal. Ahí yo vería una ven­tana que eventualmente pudiera hacer más facti­ble una menor oposición del sector privado a ese for­talecimiento del Estado por la vía fiscal. Pero también de­­biera ir acompañado de una rendición de cuentas y de un respeto al Estado de Derecho. Si no, vamos a tener un Estado autoritario, más a la Justo Rufino Ba­­rrios, y tampoco creo que la población –ni el sector pri­vado– vayan a querer ese tipo de cosas.

Lo sórdido del gasto público,
lo luminoso de la transparencia

Habla de rendición de cuentas. Existe la impresión muy ex­tendida de que no se ha avanzado nada por el lado del gasto público.

Uno de esos avances viene de hace varios años. Quien lo empezó fue Luz Toledo Peñate, que fue vi­ceministra y después ministra de Finanzas en el Go­bierno de Arzú. Ella empujó el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y a partir de entonces es bueno reconocer que todos los gobiernos o casi todos lo fortalecieron. Nosotros lo extendimos a las munici­palidades, y ya casi todo el sector público está cubierto por ese sistema de información sobre las finanzas. Es im­portante desde dos puntos de vista: primero, para la toma de decisiones. Permite saber con qué recursos se cuenta, cómo se canalizan, permite el seguimiento. Pe­ro por otro lado también facilita la evaluación desde la perspectiva de los ciudadanos, los centros de investi­gación, los grupos políticos. Eso creo que es algo en lo cual Guatemala está muy adelantada. De hecho, cuando vino una misión del Fondo Monetario Inter­nacional nos dijo que estaba entre los países más avan­zados de América Latina.

Eso del siaf se complementó ahora con su vínculo con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Eso lo dejé encaminado, pero no lo pude ver en la práctica. Per­mite tener un monitoreo del tema de los proyectos de inversión pública, que es una de las fuentes mayores de corrupción. Todavía se está comenzando a aprove­char, pero yo sí lo veo como un instrumento fundamen­tal para evitar sobre todo los abusos en el Congreso y los Consejos de Desarrollo. Se tendrá que ampliar. Será necesaria una lucha. Pero ya lo hay.

¿También abarca los consejos de desarrollo?

Tiene que abarcarlos. No sé si ya los incluyeron, pe­ro la idea es que los cubra. Luego está la Ley de li­bre acceso a la información pública, que se aprobó en el 2008. Eso no muchos países lo tienen. Ojalá hubiera esa transparencia en el sector privado... Bueno, no esa, porque no tienen que rendir cuentas por su pro­pia actividad privada aparte del respeto a la ley, pero por lo menos en relación a su vínculo con el sector pú­blico, sí deberían hacerlo. Ahí se avanzó en reformar la Ley de Contrataciones. Entre las medidas a favor de la transparencia está también el certificado o cons­tancia de disponibilidad presupuestaria, algo que exi­gimos desde el 2009. Sirve para evitar el crecimiento de la deuda flotante y establece que los responsables del ámbito financiero pueden ser despedidos o sujetos a procesos judiciales si no lo cumplen. Creo que no fue­ron avances suficientes, pero sí se aprobaron re­formas. Eso fue en el 2009. Todavía es un proceso de­masiado lento. Además se logró prohibir que los fi­deicomisos puedan contratar ong.

¿Pero eso se ha cumplido?

Entiendo que sí en lo referente a nuevas actividades. Creo que se ha aprovechado para renovar arreglos que ya existían, pero es bastante contundente la dispo­sición que hay. Se logró que Covial se limitara a acti­vidades de mantenimiento. Eso fue una lucha larga que no evita todos los abusos, pero sí acota algo. En ma­teria de medicamentos hicimos algo ahí para tra­tar de evitar el exceso... Dos cosas: 1) acciones para evitar que los precios fueran muy altos, que hubiera una ex­plicación técnica adecuada de por qué los precios eran su­periores a los precios de referencia, y ahí obligamos a que tuvieran que modificarse los contratos. Y 2) me­diante un acuerdo ministerial establecimos las exi­gencias en materia de información requerida a las em­presas sobre sus características, sus actividades, para que eso estuviera público.

Con respecto a los medicamentos tuvieron problemas dentro del Gabinete.

No, tuvimos problemas con Gustavo Alejos.

Usted, dice en el libro, le llamó la atención al presidente acerca de que no había derecho de que alguien con ese tipo de conflictos de interés pudiera influir en ese sentido.

Había una presión para que salieran las cosas rá­pido. Y sugerencias de cómo tratar el tema. No las acep­tamos. Y por eso pues lo confronté en esa ocasión. In­cluso el presidente me llamó más tarde por teléfono y me dijo que tenía razón. Se moderó un poco.

¿Pero el presidente tomó alguna decisión?

No. Lamentablemente en todo esto la decisión más importante es modificar las juntas de calificación, que son nombradas por las entidades que hacen las com­pras. En el caso de los medicamentos, el Ministerio de Salud, el igss, y el Centro Hospitalario Militar. Lo que el presidente propuso es que él mismo los nombraría pa­ra evitar que fueran personas sujetas a presiones. Pero eso nunca caminó.

“Oscura atracción por el dinero”

Hace un momento hablaba de ese otro sector gangsteril, mafioso, que se vincula con la actividad política. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué vías?

Especialmente por la vía de obras que son asigna­das mediante ciertas empresas que son propiedad de quienes las asignan, de amigos, de familiares. Esto ocurre sobre todo en los Consejos de Desarrollo pero tam­bién en otras entidades ejecutoras, como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Comunicacio­nes.

Y ha mencionado también en el libro, con mucha insistencia, el Congreso. Edelberto Torres-Rivas lo trata en el prólogo: “Bien vis­ta la oscura atracción por el dinero, el fenómeno de la corrup­ción en el poder legislativo es el mayor obstáculo para las refor­mas modernizadoras”.

Ese es uno de los principales mensajes del libro. El interés privado prevalece sobre el interés público. Ése es el caso de un montón de diputados. Eso lo vi­mos muy específicamente en relación con un tema par­ticular: el impuesto sobre vehículos. Había diputados con intereses en ese ámbito que se opusieron férreamen­te a que pudiera aprobarse. Diputados de varios par­tidos, incluyendo a diputados de oposición.

¿De oposición o aliados?

Ambos. Ése es un reflejo específico, pero creo que el caso más notable es el de las obras. Ahí es don­de se reflejaba mejor y también en una lucha entre gas­to social y gasto en obra. Ése es un dilema económico que normalmente se analiza en términos abstractos: có­mo hay que mantener en equilibrio la inversión en la gente y la inversión en equipo e infraestructura. Hay mucha insistencia en retomar el gasto en inver­sión física, pero uno no puede hacer abstracción del te­ma de la corrupción.

Y es ahí donde es más fácil...

Claro, sí. En gasto social no, porque está mucho más reglamentado. Probablemente haya algo, por ejem­plo en el nombramiento de puestos y esas cues­tiones, pero los límites ahí son más estrechos y la can­tidad de dinero mucho menor.

¿Y es en esta dialéctica entre gasto social e inversión física en don­de el Congreso logra “capturar” u obstaculizar la labor del Eje­cutivo?

Sí, el tema de obras se volvió una de las mayores reivin­dicaciones de los diputados, desplazando otros te­mas.

Pero el Ejecutivo cedía...

No necesariamente, porque los propios diputados te­nían la capacidad de modificar el presupuesto y ocu­rrió en el caso de los presupuestos que... A mí me to­caron dos presupuestos formalmente establecidos: el que heredamos del gobierno anterior para 2008 (los di­putados lo ampliaron rediseñando los fondos para la inversión), y después en el presupuesto que pro­pusimos para 2009 también modificaron la compo­sición: redujeron el gasto social y aumentaron el gasto en obras. Por eso es importante que la rendición de cuen­tas no sea sólo la del Ejecutivo. Deberían rendir cuen­tas también los diputados. Aquellas modificacio­nes plantearon muchísimos problemas, dejaron fuentes de financiamiento incompatibles.

Yo me refería a otro asunto. Es cierto que el Congreso legisla y da forma al presupuesto en un primer momento. Pero cuando el Ejecutivo se ve con menos dinero del que esperaba ingresar, en­tra a negociar con el Congreso préstamos, deuda. Muchos con­gresistas en ese momento ponen como condición que parte sea para obra.

Sí, sí.

Y el Ejecutivo cede.

Ahí hay niveles. Yo estuve en la negociación del pre­supuesto para el 2010 y un grupo pequeño de dipu­tados pidió que se aumentara el gasto en inversión. Y se aumentó. Pero logramos todavía mantener el gas­to social. Hicimos unas reasignaciones... pero hasta ahí llegamos. Y después teníamos estos mecanismos que buscaban transparentar el gasto y evitar los mayo­res abusos. Ahí poder controlar los fideicomisos es clave. La corrupción se da por pasos.

El tema de la deuda fue crítico. El gobierno, presionado por el sector privado, echó mano de la deuda interna a un interés, apro­ximadamente del 8% en promedio, que analistas co­mo Fernando Carrera consideran excesivamente alto. ¿Por qué se manejó así?

El mercado de la deuda no es un mercado compe­titivo, con una innumerable cantidad de pequeños compradores, sino que está constituido por un grupo re­ducido de bancos que son los que compran los títu­los de deuda, y que se pueden negar a comprar títulos si el interés que se les paga es muy bajo. Por eso fue que iniciamos un proceso doble: primero, tratar de obtener más financiamiento del exterior, con plazos más largos e intereses menores y, segundo, mejorando el funcionamiento del mercado interno de deuda, transparentándolo, estableciendo normas que permi­tieran aumentar el tamaño del mercado y alargando pla­zos. Aunque no logramos reducir la tasa de interés tan­to como pretendíamos, logramos ciertos avances y, además, logramos alcanzar plazos más largos, de 15 años, por primera vez en la historia.

La acción ¿política?

Hábleme de la descalificación como estrategia política.

Bueno, yo encontré que en muchos casos no se ha­blaba directamente de determinada política o acción gu­bernamental sino que se buscaba criticar a la persona que la estaba impulsando o que estaba asociada con ella. Por ejemplo, como explico en el libro, durante mis in­terpelaciones hubo intentos por descalificarme a mí, como persona, indicando que yo había involucrado al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, del que fui director, en contratos con el gobierno o que ganaba millones de quetzales, para descalificarme y sin discutir los programas o políticas que estaba im­pulsando, como parte del gobierno.

Usted es muy crítico con quienes piensan que basta ser un em­presario exitoso, un buen académico o un brillante tecnócrata para ser político. Y dice, si no recuerdo mal, que la política es el más difícil de los oficios. ¿Por qué?

La política consiste en manejar el poder para al­canzar ciertos objetivos, y hacerlo por la vía del con­vencimiento, del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, la comunicación, la conciliación y a veces por la vía de la confrontación, al mismo tiempo que se conoce bien al país, a sus habitantes, a sus deseos más sentidos y a cómo cambian. Son ámbitos de acción que no se apren­den de la noche a la mañana ni en una empresa, una universidad o un organismo internacional, y que ade­más deben combinarse con una visión de largo pla­zo sobre el tipo de país que se quiere, de cierto conocimiento sobre las políticas y acciones específi­cas para alcanzar ese país que se quiere, y de sus lími­tes, y de hacerlo en compañía de personas capaces, honestas y dispuestas a sacrificarse. Se trata de exigen­cias o requisitos mayores a los que normalmente re­quie­ren otras profesiones.

¿Cómo describe la composición interna del Gabinete ampliado, con secretarías, etcétera? ¿Y cómo afectaba esa conformación a la actitud del presidente?

(Fuentes Knight permanece callado, reflexivo, cer­ca de quince segundos. Después arranca:) Había cier­ta coherencia dada por la importancia que se le asig­naba a lo social. Cierta conciencia de que este no era un gobierno de los empresarios, que había cierta au­tonomía con respecto al sector empresarial. Sin que eso significara que no había diálogo o relación. Y aún cuan­do había algunos personajes de este sector, aunque no del más tradicional. Pasamos por crisis difíciles co­mo la de Rosenberg. Fue un gabinete que apoyó muy sólidamente al presidente, en particular, pero tam­bién a la primera dama y Gustavo Alejos.

Dicho eso, que es lo que aglutina, sí había tendencias muy diferentes. Había una línea más o menos social de­mócrata en la que estábamos Haroldo Rodas, Luis Fe­rraté, algunos del staff político, Zurita, y yo. No era muy grande el grupo. Luego había otro más empresarial: Meany, Gustavo Alejos, Robbie Dalton. Gente más cer­cana al partido, como Lancerio, Jairo Flores, pero hay traslapes.

Las discusiones no eran muy profundas en el gabinete.

¿Y eso era síntoma del algo más?

Eh...

O sea, ¿las discusiones se daban en otros lugares menos formales y apropiados? ¿O no se daban en absoluto?

Algunas sí y otras no. Había un consejo de seguridad que se manejaba de manera independiente por el pre­sidente. De ese no sabíamos gran cosa. Lo explico eso en el libro (ríe a carcajadas, porque es alrededor de la quinta vez que me lo advierte). Es que ahí está más pensadito que estar hablando.

Al presidente no lo presenta como alguien dubitativo. Sí refle­xivo, pero no dubitativo. Sí oscilante, cambiante, según las in­fluencias del momento.

Influencias y consideraciones políticas de él mismo.

¿Quiénes eran las personas con mayor capacidad de afectar sus decisiones?

No sé si tengo toda la información. Porque hay ám­bitos que yo no cubría. Pero yo tenía cierta influencia. Haroldo Rodas tenía influencia. Gustavo Alejos, San­dra Torres. Y creo que dependía un poco del tema tam­bién.

El libro incluye un episodio titulado “El Gabinete en la sombra”. Habla de los imprecisos mecanismos de coordinación y seguimiento que utilizaba el presi­dente y de cómo Gustavo Alejos sabía moverse en esa imprecisión, siendo selectivo con lo que merecía se­guimiento o no. A Alejos lo describe como un hombre leal al presidente, callado en las sesiones del Ejecuti­vo o a menudo ausente, lo cual dado su poder ponía “de manifiesto la debilidad del gabinete como instan­cia de toma de decisiones”. “Una de las personas con ma­yor incidencia en el Gobierno” con un “ámbito de ac­ción política amplio, resultante de una combinación de cuatro factores: tener una estrecha relación política y personal con el Presidente, ser el principal operador del poder ejecutivo ante el Congreso y ante ciertos em­presarios importantes..., contar con un monto gran­de de recursos propios con capacidad y voluntad de destinarlos a fines políticos, y participar en negocios que dependían de las contrataciones del Estado.”

¿Por qué tenemos la sensación de que ha sido un presidente que ha tomado decisiones muy incoherentes y que la línea dis­cursiva de este Gobierno ha sido de choque pese a que la línea de actuación ha sido mucho más suave?

Parte de la respuesta está fuera del Gobierno. El he­cho de que había esta relación diferente con el sector privado creo que explica en parte eso. No había un acce­so directo del sector privado al gobierno. Quiero de­cir, una participación directa dentro del Gobierno. Un expresidente de Cacif como ministro equis no había. O alguien reconocido por ellos. No manejaban to­da la información interna. Esa lejanía relativa se re­flejaba en problemas. A veces lo comentamos. Había un grado tremendo de confrontación sin que hubiera me­didas que lo justificaran. Creo que eso lleva también al tema de Sandra Torres, que ella sí empujaba con mucha fuerza ciertos temas.

Contra toda racionalidad fiscal, en algún momento, ¿no?

(Se abstrae de nuevo. Pasan cerca de siete segundos.) “En algún momento” tal vez es la clave ahí, ¿verdad? Ini­cialmente no. Creo que el problema vino tras la no aprobación del presupuesto de 2010. Cuando co­menzó a tomar una dinámica de ese tipo sin un res­paldo en términos de recursos, ahí sí comenzó a darse.

Bloqueos, amenazas

La última vez que hablé con usted le pregunté si había detectado al­gún nuevo mecanismo para impedir las reformas y me dijo que no. Pero en el libro hay uno: la presión legal contra los man­dos medios, el eslabón más débil.

Pero eso no es nuevo.

Al menos no estaba registrado en sus publicaciones sobre el te­ma.

Ahhh, jajaja. No, pero eso no es para nada nue­vo. Llevan a los tribunales a los funcionarios.

¿Pero por qué a los medianos?

Bueno, no tiene por qué ser a los medianos. Aquí ha habido casos donde han llevado a otros. Weymann es un caso clarísimo. Ahí hay un peligro que explico en el libro: mejor hacer lo mínimo si uno siente que le van a caer encima con una acusación. Especialmente si manejar esa acusación implica recursos. A veces son multas, pero a veces es todo el proceso en sí. Eso con­duce a minimizar el riesgo o no tomar iniciativas.

¿Y usted tuvo alguna amenaza de este tipo?

No recuerdo alguna ahorita. (Días después me es­cribirá en un correo electrónico: “sí fui objeto de ame­nazas de llevarme a tribunales por aparentes delitos. Recuerdo, en particular, que con el vicepresiden­te y el superintendente de la sat publicamos una lista de evasores, y tanto el vicepresidente como yo fuimos ob­jeto de procesos que intentaban quitarnos el dere­cho a antejuicio. Afortunadamente no prosperó y el pro­ceso –iniciado por abogados asociados a uno de los evasores identificados– fue declarado inválido por la Corte de Justicia”).

En el libro sí habla de amenazas, pero de otra índole.

Sí, pero no contra mí.

No contra usted y no del sector privado ajeno al Ejecutivo. Vie­nen de Gustavo Alejos, no recuerdo si por la negociación im­positiva con las telefónicas.

No, es por el tema de este acuerdo ministerial que trans­parentaba las empresas privadas que eran con­tratadas por el Estado.

¿Cómo sucedió eso?

Aquello fue hacia un viceministro. La posibilidad de llevarlo a juicio por eso y de mantenerlo así eter­namente.

La negociación con las telefónicas. Usted dice que se renunció a imponerles un impuesto a cambio de que financiaran la cam­paña de Sandra Torres. La versión que circula con más fuerza es que al final fue una negociación entre las telefónicas y Gustavo Ale­jos. ¿Es cierto?

Solamente conozco la primera versión, de una fuen­te confiable que no puedo delatar, y tampoco lo pue­do probar.